El proceso político venezolano luce irremediablemente encaminado hacia un baño de sangre. La muerte de más de cien personas en el marco de las protestas a nivel nacional a manos de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, las fuerzas paramilitares y delincuentes amparados por el régimen chavista, no parece ser suficiente para detener la masacre de los últimos tres meses.
El régimen político de Nicolás Maduro luce debilitado por la actual coyuntura, en la que su baja popularidad, una severa crisis económica, además de las fracturas en el seno de la coalición política que lo sostiene, lo hace parecer más una transición hacia un régimen militar a pesar de la amenaza de instauración del Estado Comunal. La persecución política no logra ocultar del todo la purga sistemática del componente militar, evidenciándose la pugna entre las diversas facciones militares que aspiran controlar el poder.
La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) ha sido el mecanismo escogido por el régimen chavista para la ruptura definitiva con los restos de la institucionalidad democrática que permanecía en pie. A partir del momento de la instalación de la ANC, cesarán sus funciones la Asamblea Nacional (AN) y demás poderes no alineados con el régimen, como el Ministerio Público, lo que sin duda permite plantearse un escenario de agudización del conflicto interno del chavismo para determinar el control del régimen (civiles vs. militares), y de abierta represión de la Oposición democrática -en situación de proscipción de facto- que significará la profundización del caos.
En este escenario, la única salida posible es forzar un proceso de negociación política que seguramente involucrará a factores del régimen e implicará hacer concesiones en algunos aspectos críticos para la población venezolana. El precio puede parecer demasiado elevado, pero si lo comparamos con la posibilidad de un mayor derramamiento de sangre, terminará siendo imperativo alcanzarlo. La discusión sobre la responsabilidad por los crímenes cometidos durante el régimen tendría lugar una vez que se haya logrado, no solo la salida de Nicolás Maduro de la presidencia, sino la restauración de un sistema institucional que permita garantizar la aplicación de justicia, cosa que en las actuales circunstancias resulta inviable. Es necesario en lo inmediato restablecer canales de decisión en materia política, económica y social que faciliten la atención urgente a la crisis humanitaria en gestación, y de la cual el gobierno de Nicolás Maduro es el principal responsable.
La disolución de la AN, con la instalación de la ANC, sería la fase final de la consolidación de la dictadura en Venezuela. En manos del régimen chavista está la responsabilidad de evitar más muertes. En manos de la Oposición democrática está privilegiar el cese de la represión brutal del gobierno, antes que cualquier medida de retaliación política. La historia habrá de reconocer a quienes supieron oponerse a esta barbarie.