gran_abismoLa situación de crisis ¿terminal? en la que se encuentra sumida Venezuela es la crónica de una muerte anunciada. No solamente porque los indicadores económicos desde hace tiempo lo vienen advirtiendo, ni porque el régimen de Nicolás Maduro se resiste a tomar las medidas necesarias para revertir las causas de la crisis, sino porque el proyecto político de Hugo Chávez aseguró con sus decisiones, que el desmantelamiento institucional garantizaría la inmovilización de los factores adversos a la “revolución bolivariana”, y por esa razón le dedicó todo su esfuerzo.

El proceso de desinstitucionalización que Hugo Chávez condujo, comenzó con la sustitución de la Constitución de 1961, profundizándose con el desconocimiento de la propia Constitución de 1999, porque para el proyecto chavista tanto las leyes como las instituciones son de naturaleza utilitarista, y su período de vida dependerá de la capacidad para contribuir al logro de los objetivos políticos de la revolución. El carácter temporal o transitorio de la institucionalidad ha sido una práctica común en el régimen chavista.

El régimen chavista

A diferencia de la tradición eastoniana que concibe al sistema político como la estructura compuesta por: Comunidad Política, Régimen Político y Autoridad Política, en el chavismo lejos de ser una articulación, la Comunidad Política y la Autoridad Política actúan subordinadas al Régimen Político, que en el caso particular del chavismo confeccionó a su medida no solamente la Constitución, sino toda la estructura normativa de la nación.

Hablar del régimen chavista implica la comprensión de una estructura compleja de poder en la que se entrelazan las instituciones con el proyecto político de Chávez, donde juega un papel significativo el actor militar, conformando una alianza cívico-militar designada para garantizar la viabilidad del proyecto revolucionario. La estructura político-jurídica que el chavismo ha construido en los últimos diecisiete años está diseñada para preservar una forma de hacer política donde, a diferencia de la democracia, el escenario es de guerra y el adversario un enemigo al que se debe aniquilar.

La institucionalidad como excusa

El chavismo desmanteló el Estado Democrático de Derecho, para sustituirlo por uno Participativo y Protagónico donde el rasgo más distintivo ha sido el hiper-presidencialismo. El protagonismo de Chávez y la participación condicionada al proyecto político hizo de la Constitución de 1999 un instrumento para la operacionalización del proyecto chavista. Sin embargo, esa misma Constitución llegó a convertirse en un obstáculo cuando la propia Oposición a Chávez la invocó para garantizar sus derechos políticos y reivindicar la naturaleza democrática del Estado.

A partir de ese momento, las acciones del régimen chavista dejaron claro que utilizarían el control absoluto de las instituciones para desconocer el espacio político de la Oposición, más aún, las decisiones favorables a la Oposición como quedó expresado luego del Referendo de 2007. Mientras el triunfo electoral garantizara la legitimidad que necesitaba el régimen, no había conflicto en permitir la participación de la oposición, acompañada de la manipulación y el abuso de poder.

El postchavismo, ¿murió al nacer?

Las señales de cambio no han sido pocas, como tampoco los intentos del Oficialismo por minimizarlas: las Elecciones Presidenciales de 2013 y las Elecciones Parlamentarias de 2015 representan hitos en el crecimiento del músculo opositor. A pesar de las manipulaciones de los circuitos electorales, y de los abusos en la disposición de los recursos públicos en las campañas oficialistas, la Oposición ha logrado conquistar espacios donde históricamente el Oficialismo ha sido imbatible. Si bien el desgaste del gobierno puede explicar el cambio en el comportamiento del electorado, no lo es menos que los partidos agrupados en la coalición opositora, la MUD, han hecho un trabajo de penetración en sectores tradicionalmente chavistas que no puede desconocerse.

El régimen de Maduro, a pesar de contar con un entramado institucional favorable, no pudo evitar perder la mayoría parlamentaria en diciembre de 2015. El capital político heredado fue dilapidado aceleradamente por un hombre sin carisma, comprometido con la profundización de una revolución que le imposibilita para tomar las medidas necesarias que evitaran la irremediable crisis por la que se enrumbaba el país. La combinación de pérdida de respaldo político con intensificación de la crisis económica, configuraron un ambiente de caos en el que para el gobierno de Maduro se hizo imprescindible el uso de las instituciones para revestir de legalidad las arbitrariedades a las que tuvo que recurrir para continuar en la implementación del proyecto chavista: el decreto de emergencia económica, la declaración de estados de excepción y más recientemente, las exigencias formuladas para la convocatoria del Referendo Revocatorio –procurando retardarlo- son solo expresiones de la profunda imbricación de las instituciones con el proyecto político que el chavismo se encargó de garantizar.

El Pranato: ¿hacia la sustitución del Estado?

El Estado venezolano hoy se encuentra desdibujado, siguiendo el trazo comenzando por Hugo Chávez, la institucionalidad construida durante los cuarenta años de democracia representativa fue desmantelada y en su lugar se erigieron otras que se correspondieran con el proyecto hegemónico. Pero además, se estableció una red en paralelo a través de la cual poder evadir las limitaciones normativas y burocráticas, y así aprovecharse de la disposición de recursos extraordinarios sin ninguna rendición de cuentas. Lo que en un principio le dio fortaleza al régimen chavista, en el postchavismo se está convirtiendo en su más grande debilidad, porque el recurso más efectivo con el que cuenta es la judicialización de la política, quedando reflejada la pérdida de respaldo popular.

La única fortaleza con la que cuenta el gobierno de Nicolás Maduro en los actuales momentos es la violencia, la institucionalizada en manos de la FANB y la informal representada por los colectivos. Frente a la pérdida del respaldo popular, el gobierno confía en la represión y en el hostigamiento hacia los sectores políticos adversos que amenazan la continuidad del proyecto político. El problema para Maduro es que esos sectores adversos están alimentándose del descontento de las bases chavistas asediadas por la escasez de productos básicos y el alto costo de la vida. Resulta impensable un escenario más violento que el actual, y sin embargo, pareciera por las acciones y omisiones que esa es la apuesta del gobierno cuando frente a la escasez de alimentos, su respuesta son los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) o ante el desabastecimiento de medicinas, negar la posibilidad de ayuda humanitaria. Las decisiones del gobierno venezolano son cada vez más erráticas, contribuyendo a la profundización de la crisis.

El principio del fin

No hay dudas en relación a la fragilidad del gobierno de Maduro, sostenido apenas por el régimen – y fundamentalmente- por los actores militares. El desgaste de un modelo político con aspiraciones revolucionarias que durante diecisiete años ha ejercido el poder de forma incontestable, se hace cada vez más evidente con las acciones emprendidas para desconocer la legitimidad de ejercicio de la Asamblea Nacional, como también lo demuestra en los obstáculos que ha generado para la convocatoria de un Referendo Revocatorio, que bajo un gobierno democrático tendría un tratamiento muy distinto, pero al tratarse de un régimen con claras señales de autoritarismo, ya no produce sorpresa alguna.

Sin embargo, la situación venezolana es tan alarmante que la comunidad internacional, en concreto la Latinoamericana, ha dado algunos pasos para alertar sobre la inminencia de la ruptura constitucional y actuar en consecuencia. Las acciones no pueden ser otras que advertir sobre la necesidad del respeto al orden constitucional y abogar por el encuentro de las partes en conflicto, que es lo que corresponde en el protocolo de las relaciones internacionales. Lo que esto significa, es que la ejecución de acciones concretas debe estar en manos de los actores políticos nacionales, por lo que cifrar la solución de la crisis en factores externos puede conducir –como siempre- a grandes desilusiones.

No se discute la posibilidad, sino el momento en el que el gobierno de Maduro sea disuelto, bien sea por la fractura de la coalición en el poder (la alianza cívico – militar) o por la presión social. Hasta la presente fecha, la creciente presión social no ha provocado la ruptura definitiva. Los rumores apuntan a serias diferencias entre los civiles que conforman la alianza, acompañado de las habituales conjeturas sobre la lucha interna dentro de esa caja negra que es el mundo militar. Lejos de confirmarse los rumores, el gobierno de Maduro está procurando cierto “leverage” a lo externo con las gestiones para un proceso de diálogo del que es partidario UNASUR, mientras que en la OEA su Secretario General apunta hacia ejercer presión no tanto para el encuentro de las partes, como para garantizar la convocatoria del Referendo Revocatorio. La comunidad internacional, aunque se encuentre más activa en relación al tema venezolano, no será el escenario de la resolución de su crisis, su contribución es aumentar la presión al gobierno. Eso lo saben los actores internacionales y nacionales involucrados.

El desenlace de la crisis venezolana dependerá tanto de la resistencia de la población frente a la escasez y la violencia generalizada, como de las diferencias internas de la coalición en el gobierno. Posiblemente en estos momentos sea difícil ver a la institución militar como un actor imparcial, dada su vinculación con el proyecto político chavista, pero por encima de ello está la recuperación de su compromiso institucional, en entredicho por su papel de represor del gobierno. Como una suerte de maldición histórica, frente a la imposibilidad de las clases políticas latinoamericanas de resolver los problemas de gobernabilidad, la clase militar ha tenido que actuar para intervenir en momentos de crisis. En el caso venezolano, la institución militar deberá hacer valer los deberes consagrados en la Constitución, no solo para limpiar su nombre, sino para evitar un baño de sangre al que muchos sectores están apostando para quedarse con el poder.