La revolución no quiere ser televisada…

El Gabinete Económico no acudió a la reunión con la Comisión de la Asamblea Nacional encargada del análisis del Decreto de Emergencia Económica propuesto por el Ejecutivo Nacional. En un sistema político estable, con instituciones sólidas, esto no habría ocurrido, pero tratándose de Venezuela era de esperarse. El régimen político venezolano no acostumbra rendir cuentas, ni al poder legislativo ni al país, la naturaleza del chavismo es la de arrogarse la condición de pueblo mismo y por lo tanto está fuera de discusión cualquier exigencia que implique responder por sus actos. Para el chavismo es más importante aplicar unas políticas económicas suicidas si con ellas puede seguir financiando su proyecto político, porque el problema no es que el Gobierno ignore que la caída del precio del barril de petróleo no es una conspiración de la burguesía internacional, o que de seguir quemando las reservas internacionales de la nación, estará más cerca de pedir auxilio financiero al Fondo Monetario Internacional.

La verdadera tragedia de Venezuela es que el gobierno de Nicolás Maduro sabe lo que hace, lo demostró con los últimos nombramientos del Gabinete Económico, reforzándolo con el Decreto de Emergencia. Nada de lo que ocurre en Venezuela es un accidente, sino la consecuencia de un proyecto político que tuvo como objetivo la destrucción del Estado democrático, cosa que no ha sido negada por el chavismo, al contrario, forma parte de su imaginario político. La sistemática erosión de la institucionalidad que comenzó cuando la antigua Corte Suprema de Justicia le dio a Hugo Chávez la posibilidad de desmontar del andamiaje jurídico que la Constitución de 1961 le proporcionó al país, condujo al sistema político venezolano por los caminos de la incertidumbre y el voluntarismo. Las leyes y las instituciones respondieron a la intuición y deseo de Chávez más que a la construcción del Estado, es así como el Poder Popular se concibe como la personificación del pueblo, en sustitución de aquella conformada por territorio, poder y población [Estado].

No bastaba con desmantelar el Estado [burgués], era necesario además dotarlo de una estructura socioeconómica vulnerable -dependiente mucho más de la redistribución de la renta- en la que la única fuente de recursos fuese el Estado. Para que esa estructura funcionara era necesario sacar del juego una de las variables: el sector productivo en manos privadas. Por esa razón, las políticas económicas del chavismo estuvieron dirigidas a limitar la capacidad operativa del capital privado, primero fiscalizándolo y luego apropiándose de empresas estratégicas, como parte de un cuidadoso plan urdido para debilitar el aparato productivo, desde el agro hasta los sectores de servicio. El chavismo podía sentirse satisfecho, entre el control de cambio, las directrices para la comercialización y el consumo y las limitaciones impuestas a todos los sectores, alcanzó el control absoluto de la economía nacional.

Las causas por las cuales los venezolanos no consiguen carne o pollo, no se deben a una conspiración burguesa, sino a las políticas del Ejecutivo que hicieron inviable la actividad ganadera, privilegiando las importaciones y los negocios irregulares, que con la escasez actual de divisas, ni se puede seguir importando ni pensar en la reactivación del sector. De la misma forma podemos ir explicando las razones por las cuales no hay harina de maíz, arroz, granos, lácteos, pastas; en el sector alimentos las causas de la crisis hay que buscarlas en los controles que para el chavismo son el eje de su proyecto político. Este eje argumentativo se extiende hacia otros sectores: la industria, el comercio, los servicios, que sin inversión no pueden actualizar sus plataformas operativas, además que con la legislación laboral vigente tampoco pueden invertir, sumado a la escasez de divisas se compromete la capacidad de acción de cualquier actividad productiva. Nada de lo aquí descrito es accidental, sino al contrario, es la meta. A mayor dependencia, mayor control.

La escasez de medicinas, la falta de repuestos para vehículos y maquinaria pesada, de materiales para la construcción, de vehículos, el déficit del servicio eléctrico, el problema de la calidad y el suministro del agua potable, del gas doméstico, el déficit habitacional, son todos expresiones de un proyecto político, no constituyen un accidente, son el objetivo. Por eso hoy, 21 de enero de 2016, el Gabinete económico no asiste a la Asamblea Nacional a discutir con el poder legislativo su Decreto de Emergencia Económica. El gobierno no se siente obligado a dar explicaciones, no concibe que la crisis sea un obstáculo sino una etapa necesaria para terminar de dinamitar lo que queda de ese modelo de Estado democrático. El gobierno sabe que la crisis es de su total y absoluta responsabilidad, pero tiene la aspiración que con la negativa de la mayoría parlamentaria para aprobar el Decreto propuesto, sea posible presentarse como víctima mientras el derrumbe del país sigue su curso, situación ideal para la consolidación de la revolución.

El reto para la Oposición es obligar al Gobierno a mantenerse dentro de los precarios canales institucionales, observando el mandato constitucional. También le corresponde la tarea de informar y explicar a la opinión pública, nacional e internacional, la conducta del Gobierno y sus consecuencias para la nación. El Gobierno por su parte seguirá insistiendo en su plan de provocar un punto muerto que acelere el colapso definitivo, de esa forma, responsabilizando a la Oposición alcanzaría el control político absoluto despojado de eufemismos democráticos. Es solo cuestión de tiempo pero el Gobierno tiene claro su futuro a corto plazo: no es sostenible mantenerse dentro de los parámetros democráticos si aspiran conservar el poder, y por lo que se observa, el Gobierno no parece convencido de abandonarlo en lo inmediato. Si sus cálculos se cumplen, un error de la Oposición les daría la oportunidad de reivindicarse y con ello sellarían el destino del país atado a un régimen indiscutiblemente autoritario.

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