EL ALTO MANDO MILITAR COMO ACTOR POLÍTICO*

Cuando hablamos de formas colectivas de ejercicio del poder, es imprescindible diferenciar los comportamientos corporativos según el grado de influencia sobre el poder y el desempeño directo desde posiciones de poder, caracterización muy pertinente para la institución militar. En primer lugar tenemos a los grupos de presión, que siguiendo la definición que hacen de ellos Dowse y Hughes, se caracterizan por ser agrupaciones “que no pretenden gobernar, pero sí tratan de influir sobre los que gobiernan” (1990, p. 466). En este sentido, Duverger señala que el ejército actúa como grupo de presión, con una marcada influencia política, resaltando los casos de la Alemania Imperial (1871-1914) y la República de Weimar (1919-1933), además de la propia Francia (1982, p. 415)

Los grupos de presión tienen intereses limitados y específicos, que bien sea a través de la promoción o de la protección, aspiran generar conductas en la clase política que les permitan alcanzar o preservar determinadas condiciones, sin que ello signifique necesariamente posicionarse en espacios de decisión política. Está claro que lo que persiguen tiene mucho más que ver con que sean las instancias correspondientes las que asuman esa responsabilidad.

Si hablamos del Alto Mando Militar como un grupo de presión, observamos que de acuerdo con la definición anterior, la cúpula militar ejerce influencia en asuntos de interés de la nación, pero cuando se trata de sus intereses corporativos, trasciende la presión para actuar como grupo de poder o actor político. Ahora bien, cuando el grupo de presión no consigue influir sobre los centros de poder, entonces transforma sus mecanismos de acción, para que en lugar de persuadir, utilice medios más directos y eficaces en aras de alcanzar los objetivos que le animan.

Esta transformación implica que el grupo pasa a tener consciencia de la necesidad de asumir un rol más activo en la toma de decisiones, transformándose en un grupo de poder, que no es más que una agrupación con intereses comunes que ya no utiliza la presión o la persuasión para el logro de sus objetivos, sino que asume posiciones políticas directas, es decir, que no acepta ser testigo silente de las decisiones políticas, sino que forma parte ellas, al exigir o imponer determinadas condiciones.

Este comportamiento se corresponde con el grado de influencia que tiene sobre la clase política y el sistema político propiamente, el control del monopolio legítimo de la violencia que de la institución militar. Esto nos lleva a otra afirmación que hacen Dowse y Hughes (1990, p. 466) en relación a que: “los militares, en su calidad de grupo corporativo, que aunque tiene sus propios intereses profesionales, también tiene intereses generales, que en caso de un golpe de Estado, pueden hacerle pasar de su posición de grupo de presión a la de grupo gobernante”. Esto se debe a que la institución militar es fundamentalmente una organización, con intereses colectivos claramente identificados, que dadas las condiciones puede abandonar los supuestos de su misión –así sea temporalmente- para asumir un rol político más activo. Nuestra historia así lo demuestra.

Ese rol de actor político se manifiesta a través de la participación directa en decisiones políticas, cuando observamos la influencia y el poder de decisión que tiene la institución militar en lo político. Un ejemplo de ello la afirmación hecha por César Gaviria en un informe de la OEA refiriéndose al golpe militar de abril de 2002:

“Podemos afirmar que el gobierno que estaba apenas en la fase de instauración, sin ninguna legitimidad democrática, fue fruto de decisiones tomadas por los militares. En carta, que fue del conocimiento de los miembros del Consejo Permanente, quien presidía lo que se auto calificó como gobierno provisional expresamente reconoció la ruptura constitucional”. (2002, p. 3)

La potestad de tomar decisiones de esa naturaleza sólo las toma un actor político consciente no solo de su rol institucional, sino de su poder para hacerlo, que en este caso se origina en el control que ejerce sobre uso de los medios de violencia legítima. Un actor político se manifiesta tomando decisiones políticas, interviniendo de manera activa en los asuntos donde son los factores de poder los que definen la situación y los actores políticos son los responsables de ello.

El Alto mando militar como actor político

El Alto Mando Militar se convierte en un actor político desde el momento en que entiende que el poder lo tiene quien controla la violencia legítima del Estado. A partir de este hecho objetivo, es que podemos valorar la dimensión política de la institución militar y más concretamente, quien tiene el mando. Nuestra tradición, desde la propia independencia, ha sido la del militar en el poder o muy cerca de él. La Fuerza Armada ha sido un actor político relevante en el ámbito de las representaciones sociales, con una influencia desmedida en la política nacional. (Olivieri y Guardia, p. 6)

Pero, cabe preguntarnos ¿estamos frente a la sola influencia o se trata de una clara intervención?: la historia patria nos habla de un país donde los militares, desde el proceso independentista hasta nuestros días, han tenido que ver con la conducción del país. En este sentido, podemos destacar la preponderancia de la institución militar que en la figura del Alto Mando Militar, representa un factor de poder en lo que se refiere al control político de la nación. La Fuerza Armada con su participación en el Pacto de Puntofijo, le confirió legitimidad a las reglas de juego del sistema político venezolano que se pretendía instalar, reconociendo a sus protagonistas en un acto legitimador, como fundadores de la democracia venezolana, en lo que habría de ser una muestra irrefutable de control político que ejerce.

La razón la podemos encontrar en la realidad de un modelo de tutelaje militar que inevitablemente nos está conduciendo hacia el desarrollo de formas pretorianas de ejercicio del poder (Olivieri y Guardia, 2003). Vemos cómo para el civil la paradoja del militar se resume en la potestad del uso de las armas, de lo cual tiene su monopolio, que es lo que finalmente le va a permitir ejercer ese control político. El sostenimiento del modelo democrático ha descansado históricamente en el apoyo de la Fuerza Armada. El control de la institución lo tiene el Alto Mando y si recordamos nuestra historia reciente, el Alto Mando ha tenido el poder suficiente como para desconocer y reconocer el poder político civil de la nación, en lo que pareciera ser una clara evidencia del control político.

Sin embargo, en algunos episodios históricos hemos observado como la Fuerza Armada no logra en su totalidad el control político interno y externo: en los dos intentos golpistas del 4 de Febrero y del 27 de Noviembre de 1992, los cuadros medios de la FAN en el primero y la alta oficialidad en el segundo, no logran una intervención definitiva del poder civil, por lo que se puede encontrar un cierto paralelismo con los sucesos de Abril de 2002, cuando el Alto Mando en una serie de decisiones contradictorias, definitivamente se desarticula como una estructura de poder – es decir, como actor político- lo que permite finalmente poner en duda su capacidad para mantener el control político exclusivo dentro del sistema político.

 

  • Parte de la ponencia LA INFLUENCIA DEL PRETORIANISMO EN LA INSTITUCIONALIDAD MILITAR EN VENEZUELA presentada en el Simposio Nacional de Ciencia Política (2005).

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